La felonía programada

Por: Hugo Guerra

Como si no bastaran los líos originados en la corrupción del Poder Judicial, ahora se prepara la gran felonía del Tribunal Constitucional en contra de los derechos de nuestras Fuerzas Armadas y la PNP.

Ollanta Humala y sus ministros de Defensa e Interior promulgaron – vía cuestionada delegación de facultades– los D. Leg. 1132 y 1133. En síntesis, ambas normas establecieron discriminación activa entre los pensionistas militares y policiales: quienes estaban en situación de retiro hasta antes del 10 de diciembre de 2012 terminaron percibiendo hasta 70 % menos ingresos que aquellos (con el mismo grado, méritos y derechos) que pasaron a ser pensionistas después de esa fatídica fecha.

El gran pretexto y farsa fue establecer una nueva pensión consolidada y una nueva estructura de ingresos aplicable al personal de las instituciones armadas. Oportunamente eso lo denunciamos como una puñalada contra los patriotas uniformados, no solo por la evidente inconstitucionalidad de las normas, sino también porque el propio Humala había ofrecido durante su campaña una solución integral para mejorar el nivel miserable de remuneraciones de miles de militares, policías, viudas y damnificados durante la guerra con Ecuador en 1941, en Falso Paquisha – 1981, la Cordillera del Cóndor 1995 – 1998; y la prolongada lucha antiterrorista que se desató en 1980 y aún prosigue en el Vraem.

Las normas señaladas fueron confrontadas en un prolongado proceso judicial que llegó hasta el TC a fines de 2013. Cuando ya había una sentencia favorable para militares y policías, el máximo órgano de control fue renovado en sus miembros. Bajo la presidencia de Óscar Urviola Hani se impidió que la sentencia terminara de firmarse; luego se quebró mañosamente la causa y finalmente los nuevos tribunos (que son básicamente los actuales) sentenciaron en contra.

El año pasado, la bancada fujimorista aprobó la Ley 30683 por la cual se restablecieron los derechos conculcados y hoy se les paga no pensión vitalicia, sino remuneraciones elementalmente decentes.

PPK, traicionando su palabra empeñada, con el aliento antimilitar de Mercedes Aráoz, presentó una demanda de inconstitucionalidad que sospechosamente el TC ha programado para este viernes en Arequipa, pese a que ni siquiera se ha aprobado el presupuesto nacional 2019.

¿Escandalosamente van a sentenciar los mismos que ya conocieron antes la causa? Por decencia e imparcialidad deberían inhibirse. Pero no, el antimilitarismo obsceno amenaza con imponerse nuevamente contra los derechos constitucionales del personal que ofrendó su vida en la lucha por la pacificación nacional. ¡Terrible!

Nota: Publicado en el diario Expreso de Lima-Perú el 22 de agosto de 2018

Foto: Captura de pantalla. Programa Redes y Poder.

0 Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*